DERECHOS POSIBLES PARA TODOS
Por Daniel Horacio Cassani

I. Introducción.- II. Derechos imposibles.- III. Modelos de desarrollo.- IV. La nueva cuestión social.- V. La agenda social.- VI. El nuevo Estado.- VII. Conclusiones.-

I. Introducción
El hombre no puede alcanzar sus fines actuando aisladamente, requiere para ello de la sociedad, de ahí su naturaleza social como modo de ser. En primer lugar, la familia, indispensable para el nacimiento y formación de la persona, luego la sociedad política o Estado y, entre ambos, las instituciones denominadas intermedias. Por eso, el alcance del bien individual material y espiritual del hombre no puede conseguirse sino en un medio social que a su vez aliente la consecución del bien común (1). Esta finalidad es la razón de ser del Estado.
El Preámbulo de la Constitución Nacional condensa las decisiones políticas fundamentales y enuncia el programa del constituyente. Sus metas son las máximas por las que el gobierno y cada uno de los habitantes se deben guiar. Sus fines obligan a gobernantes y gobernados a convertirlos en realidad:
“Constituir la unión nacional”, “Afianzar la justicia”, “Consolidar la paz interior”, “Proveer a la defensa común”, “Promover el bienestar general” y “Asegurar los beneficios de la libertad”.
La empresa común de los argentinos enunciada necesita un ordenamiento jurídico que le sirva de apoyo. El derecho objetivo tiene como misión servir al desarrollo y crecimiento de la vitalidad de la sociedad, favoreciendo el logro de sus múltiples objetivos.
Los derechos que la Constitución reconoce u otorga son la cobertura jurídica de diferentes valores (2) que deben hacerse vida en nuestra comunidad, por eso el Estado no puede limitarse a respetarlos sino que frente a ellos está obligado a realizar prestaciones positivas de dar y de hacer a favor de sus titulares o sujetos activos, buscando así promoverlos en forma permanente.
Sin embargo existe una profunda brecha entre lo declarado formalmente por nuestra Constitución y su real vigencia sociológica, brecha que nos permite afirmar la falta de coincidencia entre nuestra Constitución formal y la material, que es la que realmente funciona, tiene vigencia y se aplica (3).

II. Derechos imposibles
Frente a los derechos constitucionales enunciados se levantan obstáculos de todo tipo que limitan de hecho la libertad e igualdad de los hombres.
El proyecto del constituyente representa una hoja de ruta que no supimos, no pudimos o no quisimos poner en práctica. Aquellos derechos que los hombres no pueden ejercer y gozar por no contar con las condiciones mínimas necesarias se denominan derechos imposibles. Serrano señala alguno de ellos (4):
La marginalidad social y económica en la que vive un alto porcentaje de nuestra población: Cuatro millones de personas entre desocupados y subocupados, tres millones de trabajadores del mercado informal y dos millones y medio de jubilados tienen ingresos inferiores a los trescientos pesos por mes.
Restricción presupuestaria e inversión insuficiente de recursos en materia educativa: En términos de inversión educativa, el país está por debajo de Corea, Grecia y México y muy lejos de Estados Unidos y Canadá. Según datos suministrados por la Unesco nuestro país invierte 1.287 dólares anuales por alumno mientras que Canadá destina 6.717.
El grave retroceso en la lucha contra enfermedades infecciosas: Se ha observado un notable retroceso en el combate contra enfermedades infecciosas íntimamente ligadas a la pobreza (por ejemplo el Mal de Chagas).
La pérdida de cobertura médica para un amplio sector de la población: Las personas de 20 a 29 años presentan los menores niveles de cobertura, es decir que en el período más fértil, y cuando tienen mayores necesidades, las mujeres están más desprotegidas en la atención de su salud.
En la Provincia de Buenos Aires, cuatro millones de habitantes carecen de cobertura médica y deben atenderse en hospitales que están en condiciones muy precarias por problemas presupuestarios.
El desabastecimiento de insumos asistenciales es muy grave: Entre otros insumos básicos faltan medicamentos, vacunas, jeringas y elementos quirúrgicos.
El precio de los medicamentos: En la Argentina se gasta por habitante 146 dólares anuales en medicamentos. De esa cifra 118 dólares son pagados directamente por los interesados, es decir que el 70 % de lo que se gasta en medicamentos depende de la capacidad de quien debe comprarlos.
La precarización de las relaciones laborales: En un proceso de sucesivas modificaciones legislativas el gobierno legitimó la precarización de las relaciones laborales para dar un halo de legalidad a situaciones de hecho preexistentes.
El empleo infantil: Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, esta actividad, prohibida por ley desde 1976, alcanza a unos 500.000 menores de 15 años que se desempeñan en el comercio, la venta ambulante o las tareas agrarias.
La imposibilidad de acceder a una vivienda digna: Según el censo nacional de 1991 ya había un déficit de tres millones de viviendas. En la Ciudad de Buenos Aires viven 400.000 personas en situación de grave emergencia habitacional, ya sea por falta de casas o por hacinamiento.
La inexistencia de un sistema integrado de asistencia jurídica gratuita: Las instituciones que deberían garantizar el acceso a la justicia tienen criterios de organización, competencia y objetivos diferentes. El alarmante aumento de los nuevos pobres, o sea sectores de la clase media afectados por el fuerte aumento del desempleo, ha hecho que la demanda de atención en dichos centros haya aumentado considerablemente.
El derecho a la paz: Este derecho de tercera generación es la cobertura jurídica de valores que han dejado de vivirse realmente no sólo en el ámbito nacional sino también en el orden internacional.

Este fenómeno no se produjo de un día para otro. Hubo un proceso de erosión constitucional que se fue generando en diversas etapas.
III. Modelos de desarrollo
Nuestro país tuvo dos modelos de desarrollo: el agroexportador (1880–1930) y el sustitutivo de importaciones (1945–1976). El primero se basó en los recursos naturales del país, con el aporte de la inmigración y de la inversión extranjera para generar la infraestructura necesaria. En 1930 este modelo llega a su ocaso y se necesitaron quince años para gestar una nueva visión estratégica de la economía a través del modelo de industrialización impulsado por el Estado.
En 1973 la guerra de Medio Oriente condujo al crack del abastecimiento energético en Europa mientras los precios internacionales del petróleo alcanzaban cotizaciones siderales. La reacción de las potencias centrales consistió en propiciar una revolución técnica mundial cuyos efectos afectaron, también, nuestra estructura económico productiva. Las comunicaciones, la informática, la satelística, la robótica, la ingeniería genética y otros campos evolutivos, confinan a un segundo plano el dominio de los recursos naturales y el trabajo (5). Los nuevos factores rompen la regla de oro del fordismo que vinculaba el crecimiento económico con la generación de empleo. La introducción de las nuevas tecnologías determina que coexistan aumentos porcentuales del producto bruto interno con altos índices de desocupación, por eso comienzan los problemas para el Estado de Bienestar que se sostiene con la incorporación de ciudadanos al orden económico en tanto éstos son asalariados. Cuando se suman las demandas sociales y este Estado por su propia lógica no puede satisfacerlas se produce la reacción conservadora que impone la flexibilización laboral. La aparición del problema del desempleo estructural torna imposible el sostenimiento de la masa de pasivos generados por el modelo proteccionista (6).
En nuestro país, a partir de 1976, la ofensiva conservadora tuvo por objetivo reemplazar la distribución y producción de bienes que nos caracterizaba desde mediados del siglo XX.
El inicio de la transición democrática no implicó una reorientación de la estrategia económica impuesta por la fuerza desde el 76.
En los ochenta se produjo el desencanto respecto de la democracia para dar respuesta a las necesidades materiales y de mejora social de los individuos.
En los noventa se produjo la delegación en un ejecutivo “decisionista” para acelerar un proceso generalizado de privatización que favoreció la apatía ciudadana y fomentó el auge del individualismo competitivo.
Quiere decir que la imposibilidad actual de gozar los derechos consagrados por la Constitución, para buena parte de la población, es consecuencia del cambio en el funcionamiento de la economía que produjo la implantación del nuevo patrón de acumulación adoptado por la dictadura. Esta política aperturista destruyó el aparato productivo existente para dejar sin sustentación a las fuerzas políticas apoyadas en el poder sindical e impedir la aparición de movimientos populares contestatarios cuya base material era el proceso de industrialización.
Esa es la bisagra que permite distinguir, junto con las nuevas bases tecnológicas de la globalización, la vieja cuestión social (explotación, condiciones de trabajo) de la nueva cuestión social (la exclusión).

IV. La nueva cuestión social
La cuestión social surge a fines del siglo XIX cuando el capitalismo comenzaba a ceder ante las luchas de las organizaciones sindicales para mejorar su salario y modificar las pésimas condiciones que prevalecían en el espacio de la producción (la fábrica) y de la habitación de los obreros (7).
Entre nosotros el estado liberal se hizo cargo de esta cuestión social dando al sistema educativo un rol decisivo en el proceso de integración, sobre todo desde lo simbólico. Así, la escuela forjó una identidad nacional que incluía la movilidad social ascendente: el futuro de los hijos sería mejor que el de los padres. La integración se logró mediante la incorporación a un mercado de trabajo que funcionaba cercano al pleno empleo, tanto en el medio rural como en el urbano (8).
En el segundo modelo, el estado social otorgó un rol decisivo a la promoción y generalización del trabajo asalariado y a la legitimidad de la dignidad social (empleo de calidad, bien remunerado, valor simbólico del trabajo y la condición de trabajador, beneficios sociales) (9).
A comienzos de los setenta, al entrar en crisis el Estado de Bienestar y forjarse una reestructuración conservadora de las relaciones sociales aparece la nueva cuestión social que hace referencia al fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión de amplios sectores.
Las formas organizativas que eran fruto de la sociedad industrial también van a cambiar. Al desaparecer el trabajo como forma de cohesión social, la demanda por justicia social se articula de otra manera.
La lucha contra la exclusión toma la forma de organizaciones territoriales, ongs., iglesias, organizaciones de carácter no partidarias, nuevos movimientos sociales de carácter altruísta y de economía social.
Si bien este movimiento social no parece reconocer mediaciones políticas, y aparece con mucha fragmentación interna, se trata de un amplio sector que lucha por mejorar su calidad de vida.
La fragmentación trajo aparejada la pérdida de lo público como el espacio de encuentro social y de construcción política y la sociedad termina asemejándose a un archipiélago: islas de actores que buscan afirmar sus intereses, e islas de instituciones que ya no pueden integrar de modo pleno las actividades de los agentes sociales entre sí para construir una racionalidad común (10).
Por eso no basta con abogar por mayor eficiencia, las respuestas que buscamos deben exceder la dimensión técnica y esclarecer qué tipo de sociedad y qué tipo de crecimiento queremos.

V. La agenda social
En la república liberal se optó por una sociedad civilizada donde la educación produjo una importante marca identificatoria que duró más de un siglo. La Argentina del segundo modelo optó por una sociedad constituida por el reconocimiento de derechos sociales, poniendo en el trabajo la piedra fundamental para la constitución de identidades colectivas. En la actual alternativa se reclama transitar hacia una sociedad con un reconocimiento básico y fundante de todos los actores de la construcción social. El sentido que se le atribuya al concepto de inclusión social está dado por el propio modelo de organización social que se quiere construir, por eso la agenda social debe modificar los mecanismos societarios que producen y reproducen la exclusión.
En este sentido Amaya visualiza que las políticas de la pobreza siguen siendo funcionales al clientelismo. En tanto se saque de la discusión a la política económica la preocupación se traslada a la descripción del perfil de los pobres para diseñar múltiples programas especiales. Buscando un concepto de pobreza que sea relevante para la formulación de políticas públicas trata de identificar elementos de índole económica, comunes y generalizables para establecer relaciones jerárquicas entre dichos elementos. No hay duda de que uno de los elementos comunes a todas las situaciones de pobreza y que ocupa un lugar jerárquicamente superior es la insuficiencia de ingresos, y en consecuencia, la principal fuente que tienen las personas para generar ingresos es el empleo remunerado (11).
La política social por sí sola no tiene respuesta a la nueva cuestión social, sino que debe vincularse a una política económica de desarrollo, a una estrategia que ponga en el centro la resolución de la problemática del desempleo.
La resolución de los problemas económicos ocupa un primer plano de conflictos: 18 millones de pobres, degradación progresiva de las clases medias, 20% de desempleo en la fuerza de trabajo, 1.600.000 delitos por año, mas de 30.000 hechos de violencia escolar anuales, son algunos indicadores que no podrán modificarse por el efecto de una inyección de créditos o por una expansión de las exportaciones (12). Esto quiere decir que, más allá del asistencialismo que imponen las circunstancias, las presiones sociales seguirán siendo muy grandes y se necesita una fuerte política de integración.
Se debe vincular el desempleo con el progreso científico y tecnológico, con el aumento de la productividad del trabajo y la política industrial. Además del incremento del empleo debemos preocuparnos por la calidad de la educación y la formación profesional, procurando que las empresas y organizaciones sean un lugar de aprendizaje.
La política social, por muy bien gerenciada, eficiente y transparente que sea no resuelve el problema sino abarca lo previsional, el empleo, la salud, la educación, la regulación laboral, la seguridad, etcétera. García Delgado propone como agenda social (13):
Política laboral progresiva: El objetivo es ampliar la oferta de empleo, para ello hay que aumentar la inspección, reducir el horario de trabajo y disminuir el sobre trabajo.
La economía social: Como la economía del sistema capitalista no se va a recuperar por mucho tiempo hay que reconvertir parte del trabajo informal en trabajo formal, a través del pasaje de una economía de subsistencia a una economía social.
Abono universal: El ingreso ciudadano o abono universal es definido como una renta social primaria distribuida igualitariamente de modo incondicional. Esta opción está pensada desde la óptica del crecimiento económico articulado con el desarrollo social.
Política para jóvenes: La inmensa cantidad de jóvenes que viven en los conurbanos de las grandes ciudades y no tienen estudio, ni trabajo, ni futuro, ha creado una subcultura de la marginalidad, donde la incitación a lo ilegal es grande, y donde las tensiones sociales no pueden ser resueltas únicamente por el colegio, la familia o la iglesia.
Es necesario llevar a cabo políticas públicas que posibiliten empleos de proximidad, por ejemplo el cuidado de enfermos, así como la creación de un fondo especial de estímulos para jóvenes.
Política social y territorio: La política social y económica tiene que reorganizar el territorio. La actual distribución de la población es hija del industrialismo sustitutivo, de la gran concentración y del poder económico en las ciudades del litoral. Pero ahora las industrias ya no están, las fábricas quedaron desmanteladas y la gente a la deriva. Muchos de los problemas que hoy nos aquejan reconocen una base en los fuertes desequilibrios y desigualdades interregionales e intrarregionales, producto de políticas que se formulan desconociendo la diversidad del territorio. Es posible realizar acuerdos con las provincias para implementar programas de apoyo a pymes exportadoras, de economía social, desarrollo de proveedores de grandes empresas, programas de reforma agraria, de distribución de tierras fiscales y de reestatización de circuitos ferroviarios.
Las universidades nacionales podrían desempeñar un nuevo e importante papel en el ámbito de resolución de las tensiones económico sociales, a través de la transferencia científico tecnológica con empresas, con organizaciones no gubernamentales, de economía social, así como elaborando programas con el estado nacional, provincial y municipal a través de la investigación, la asistencia técnica y consultorías.

VI. El nuevo Estado
El olvido de las máximas constitucionales ha ocasionado una sociedad fragmentada, donde para algunos el problema es la inseguridad, para otros el incremento en el precio de los alimentos básicos, y para muchos la ausencia de futuro. Trabajar sobre las causas o sobre los efectos son los dos caminos que se abren para hacer frente a una sociedad partida que se debate entre la ilusión de asistir a las víctimas del modelo hasta que el crecimiento económico llegue a todos, o ir hacia adelante propiciando un nuevo modelo de desarrollo que reconstituya el lazo social.
El énfasis está puesto en discutir el tipo de funcionamiento económico que se impone, el sistema de relaciones económicas y el sistema institucional de regulación de los mercados. Si ciertas carencias básicas de ingreso fueran resueltas de forma preventiva, sería mucho más sencillo abordar los factores socioculturales de la pobreza (14). Igualmente no podemos pensar que asegurando a todos los ciudadanos un ingreso mínimo de inserción pueda resolverse el problema de la exclusión. Los planes universales deben articularse con los de empleo ya que el trabajo sigue siendo el mejor vehículo de la plena inserción social.
Resolver la nueva cuestión social es la condición de un nuevo modelo de crecimiento económico y distributivo del ingreso. Sin embargo esta estrategia no despeja el interrogante acerca del rol que jugará la sociedad civil en este proceso.
El movimiento social que está conformado por tendencias organizativas que luchan contra la exclusión, aunque no tiene una articulación política clara, tendrá que definir cuál será su vinculación con el Estado. Si la vinculación surgirá a través de organizaciones altruistas, en términos de contención, con énfasis en aspectos de trasparencia, gasto y control de la política, o si será a través de formas organizativas que al luchar contra la exclusión forjen su participación en las decisiones políticas del Estado. Si éste es el caso se necesitará un Estado con proyecto.
Este proyecto tiene que revertir la distribución del ingreso y la tasa de desempleo. La cohesión social que se pretende tiene que ver con reconstruir lo que destruyó la política aperturista: el Estado proteccionista y el aparato productivo nacional. Para ello necesitamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de una nueva orientación del mercado. García Delgado entiende que los ejes centrales de la nueva estrategia económica de desarrollo son (15):
Rol activo: Entre las políticas públicas sobresalen aquellas vinculadas al control de los servicios públicos privatizados, del sistema financiero y previsional, el control del comercio exterior y de la recaudación impositiva.
La fundamentación económica se vincula con la utilización de los factores de la producción tanto en bienes de capital (capacidad instalada ociosa) como en mano de obra (desempleo y subempleo) y con los estímulos a la exportación y a la sustitución de importaciones que genera el tipo de cambio real.
Dimensión ética del desarrollo: El desarrollo requiere exponer públicamente los valores sobre los cuales se configura el proyecto de país. La dimensión ética no se reduce exclusivamente a un problema de responsabilidad social de las empresas o de la conducta de los funcionarios, tiene que ver con una estrategia que privilegie la inclusión de mayor cantidad de trabajadores.
Cuando se habla de equidad y justicia en la sociedad, está pendiente por esclarecer cómo van a contribuir al desarrollo los capitales fugados e invertidos por los argentinos en el exterior.
Activos estructurales: Entre los activos de nuestra economía existen abundantes recursos naturales: agropecuarios, mineros, forestales, pesqueros, turísticos, etcétera. También cabe computar una mano de obra relativamente calificada con capacidad para desarrollar actividades de alta complejidad en la producción de bienes y servicios.
La economía social: Existe gente vinculada a cooperativas, huertas comunitarias, a empresas recuperadas, al microcrédito, trueque, que hay que ayudar a formalizar para potenciar el capitalismo asociativo.
Hay que modificar la ley del sistema financiero, permitir refundar empresas viables, descentralizar territorialmente el crédito mediante un sistema de cajas cooperativas locales y plantear nuevas figuras jurídicas que permitan incorporar experiencias asociativas. El sistema financiero definiría un nuevo marco regulatorio para financiar capital de trabajo y pre financiar exportaciones.
Mercosur: Aquí se observan tres caminos posibles: el de los que piensan en la necesidad de retroceder hacia una zona de libre comercio y de romper el Mercosur a favor del Alca con miras a generar un eje conservador (Argentina, Chile y Uruguay); el camino que se orienta a apoyar la integración con países vecinos en similitud de planos con el Alca, pensando en una serie de acuerdos comerciales y económicos; y finalmente el camino que afirma la integración regional como una cuestión clave para nuestro futuro, apuntando a generar instituciones supranacionales (moneda, justicia, parlamento) y a reconstruir el Mercosur.

VI. Conclusiones
Las políticas neoliberales generan crisis de representación y de legitimidad porque los Estados dejan desamparados a los ciudadanos, con gobiernos que son responsables sólo ante los organismos multilaterales.
Mientras la vida democrática tiene una tendencia expansiva hacia la sociabilización de todas las demandas, hacia la participación en el poder político y en los medios de producción, la tendencia de los mercados es exactamente la contraria, se orienta a la concentración y privatización de todo, a una mercantilización de las demandas, a una desciudadanización.
El capitalismo sin regulaciones otorga más poder a las empresas globales y al sector financiero, en detrimento de los parlamentos, estados y partidos.
Los ciudadanos aparecen en debilidad para modificar la actual situación desde los mecanismos representativos. Esta perspectiva marca la fuerte transformación producida en la estructura de poder, así la política, como actividad destinada a transformar la realidad en orden al mejoramiento de la condición de vida de la gente entra en crisis.
Es cierto que Argentina transita los senderos de una de las crisis más profundas de su historia, que excede el aspecto económico y social del país para proyectarse sobre los valores que edifican el tejido social de la comunidad (16). Pero la crisis también es un punto de inflexión que nos coloca en una situación novedosa al permitir cuestionarnos los argumentos prevalecientes en la década del noventa y poder pensar con mayor libertad sobre nuestros intereses, valores y opciones como nación independiente.
A partir de la crisis estamos redescubriendo nuestra sociedad, dónde estamos, quiénes somos y adónde vamos. Se abre la posibilidad de una nueva visión que recupere la producción para ponerla al servicio de todos. No basta con abrir las fronteras fiscales, hay que ampliar nuestras fronteras sociales incluyendo millones de personas que fueron excluidas de la producción, del consumo y de los derechos de la ciudadanía.
El nuevo proyecto colectivo tiene que garantizar la integración social de la población, por ello todo lo que hagamos para educar a los niños y jóvenes incrementa nuestro capital social y disminuye los verdaderos gastos que implican los circuitos perversos de las detenciones policiales, encarcelamientos y procesos judiciales.
La reconstrucción del contrato social se logrará asegurando al gobernado el ejercicio de las facultades que le corresponden como individuo, como miembro de la sociedad y como partícipe del gobierno político. Para ello el Estado debe remover los obstáculos que imposibilitan la realización de los derechos constitucionales. “La constitución de un país supone un gobierno encargado de hacerla cumplir: ninguna constitución, ninguna ley se sostiene por su propia virtud” (17).-

































Notas

(1) Serrano, María Cristina, La defensa de la Constitución y las exigencias del bien común, en la obra colectiva “Defensa de la Constitución, Garantismo y Controles”, Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 250.
(2) Ekmekdjian, Miguel Angel, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 476.
(3) Serrano, María Cristina, ob. cit. en nota 1, p. 252.
(4) Serrano, María Cristina, ob. cit. en nota 1, ps. 253/9.
(5) Berenblum, Rubén L., Los caminos del crecimiento: hacia una nueva cultura económica en la Argentina, en Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, Módulo 5: Sociedad y Estado en la Argentina (parte IV), Eudeba, Buenos Aires, 1990, p. 23.
(6) Cassani, Daniel Horacio, Crisis Constitucional, Grupo Editor C.I.E.N., Buenos Aires, 2004, p. 60.
(7) García Delgado, Daniel, Estado – nación y la crisis del modelo, El estrecho sendero, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2003, p. 161.
(8) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, p. 162.
(9) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, p. 162.
(10) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, p. 184.
(11) Amaya, Jorge Alejandro, A propósito de la reforma política: reflexiones en torno a democracia, representación y criterios de justicia, Ediciones R. A. P. S.A., Vol. 289, Buenos Aires, 2002, p. 19.
(12) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, p.189/90 quien cita a Pérez Lindo.
(13) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, ps. 190/6.
(14) Amaya, Jorge Alejandro, ob. cit. en nota 11, p. 19.
(15) García Delgado, Daniel, ob. cit. en nota 7, ps. 144/52.
(16) Amaya, Jorge Alejandro, ob. cit. en nota 11, p. 11.
(17) Alberdi, Juan Bautista, Bases, Editorial Plus Ultra, San Pablo, Brasil, 1981, p. 133.